Denuncian nuevas separaciones familiares en la frontera con México

 

La organización de defensa de los derechos de los inmigrantes Al Otro Lado denunció un nuevo caso de separaciones familiares en la frontera con México, donde 17 padres y madres llevan una semana detenidos y sin poder ver a sus hijos.

Según los activistas, 17 adultos inmigrantes llevan desde el 2 de marzo -fecha en la que cruzaron la frontera irregularmente desde México y solicitaron asilo a EE.UU.- en un centro de detención para inmigrantes en California, separados de sus hijos.

Otras 12 personas que también formaban parte de ese grupo y cruzaron el mismo día, sin embargo, sí que han podido abandonar las instalaciones y se ha podido proceder a la reunificación de cinco familias.

Miembros de Al Otro Lado que pudieron visitar el centro de detención y hablar con cuatro de las madres retenidas aseguraron que estas se quejan de un «trato inapropiado» por parte de los agentes migratorios de EE.UU., que amenazaron a una de las mujeres con «mandarla de regreso a su país».

La organización también denunció el caso de otra mujer que habla kekchí (una lengua maya hablada en Guatemala y Belize), a quien supuestamente no se le ha facilitado un intérprete y de quien «se mofaron y acusaron de mentir cuando observaron sus dificultades para expresarse en español», según denunciaron.

Los 17 detenidos forman parte de un grupo de 29 padres y sus hijos que fueron escoltados a través de la frontera el 2 de marzo por líderes religiosos y activistas de Al Otro Lado, «Families Belong Together» y «Together Rising».

El pasado 26 de febrero, el fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, presentó un informe en el que describía las condiciones de los centros de detención para inmigrantes en el estado, en los que detectó problemas de tiempos de encierro excesivos, fallos en las comunicaciones y atención médica deficiente.

«Entre algunas barreras que identificamos figuran largos periodos de confinamiento y aislamiento sin descansos, barreras del lenguaje, problemas para comunicarse con el exterior y para el acceso legal», indicó Becerra en esa ocasión.

 

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