Centroamericanos buscan casarse ante riesgo del fin del TPS

Los centroamericanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) idean nuevas opciones, como el matrimonio o irse a Canadá, que les eviten un regreso a sus países de origen ante la posible anulación de la salvaguarda por el presidente Donald Trump.

«Tenemos que casarnos con un ciudadano para estar seguros acá, por si el señor Trump nos quita el TPS», dijo a Efe Gloria Ramos, de 54 años.

«Yo ahorita ando buscando abogado que me venga a casar al restaurante. Mi pareja es salvadoreño y ciudadano, probablemente en menos de un mes estaré casada», adelantó la beneficiaria de TPS.

Ramos consultó con una abogada, quien le explicó que después de un fallo de marzo pasado en una corte federal de Apelaciones en California, por medio de un hijo ciudadano mayor de 21 años o cónyuge ciudadano, los portadores de TPS pueden tramitar la «residencia permanente».

La inmigrante hace parte de unos 190.000 salvadoreños que lograron el TPS por catástrofes naturales tras dos terremotos en su país, a principios de 2001, durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009).

De igual manera, 57.000 hondureños y 2.550 nicaragüenses, por decreto del presidente Bill Clinton (1993-2001), recibieron TPS en 1998 después de la destrucción causada en Centroamérica por el huracán Mitch.

Salvador Sanabria, director de la organización comunitaria El Rescate, dijo a Efe que es entendible el temor de los centroamericanos, ante la amenaza que han enfrentado este año los haitianos de perder esta garantía migratoria.

«La solución de que el novio o novia ciudadanos se casen para proteger a su pareja con TPS es válida, pero hay que consultar un abogado», declaró Sanabria.

«La cancelación de ese beneficio a salvadoreños, hondureños y nicaragüenses provocaría una crisis de proporciones regionales en Centroamérica y en países vecinos como Canadá, (a) donde están emigrando muchos haitianos», indicó Sanabria.

Por otro lado, el salvadoreño Rafael Ayala, de 60 años, huyó en 1998 a Estados Unidos tras amenazas de grupos de delincuentes, y junto con su esposa y dos niños lograron la aprobación de TPS.

«Mi hija hoy estudia maestría en contabilidad y junto al hermano, también universitario, están buscando oportunidades de trabajo en Canadá», declaró a Efe Ayala, quien espera que por el prestigio de los títulos de universidades en Estados Unidos «consigan empleo» allá.

«Hay que estar preparados psicológicamente por si nos quitan el TPS, pero tenemos preocupación, porque yo no puedo volver por las amenazas y mis hijos ni conocen El Salvador», señaló.

El mecánico salvadoreño Manuel Torres, de 51 años, emigró en 1999 en busca de empleo y es beneficiario de TPS.

«A mí ya me afectó el señor Trump, porque a un hijo me lo persiguen las pandillas«, se lamentó Torres.

Explicó que la cancelación en agosto pasado del Programa de Procesamiento de Refugiados para Menores Centroamericanos (CAM) le quitó la oportunidad de traer de forma legal a su hijo, un trámite que ya había iniciado.

«Siento angustia que el gobierno nos deje sin TPS, por eso mi plan B es moverme a otro país. Buscaría refugio en Canadá, y a mi hijo lo vamos a mandar para Italia, donde trabajan unos familiares», explicó a Efe.

El TPS para salvadoreños vence el próximo 9 de marzo, mientras que para hondureños y nicaragüenses está vigente hasta el próximo 5 de enero.

Se prevé que la decisión del gobierno de Trump será dos meses antes del vencimiento de cada TPS.

Martha Arévalo, directora del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), dijo a Efe que «no hay que perder la esperanza».

«Con los campeones legislativos vamos a impulsar una propuesta de ley para buscar una solución permanente para los ‘tepesianos'», declaró Arévalo.

La semana pasada, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, junto con legisladores salvadoreños, visitaron en Washington DC a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para abogar por extensión del TPS.

La visita de Martínez logró una carta de apoyo firmada por 116 legisladores estadounidenses a favor del TPS y la promesa que el DHS «revisará el caso».