Aprueban $35 millones en fondos federales para reparar desastres de la tormenta Isaías

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) anunció que asistencia federal está disponible para el estado de Nueva York para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por la tormenta Isaías, especialmente en Long Island, que sufrió el embate de la naturaleza el pasado 4 de agosto.

Fondos federales, en valor de 35 millones de dólares, están disponibles bajo el concepto de costo compartido para el estado, gobiernos locales elegibles y ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro, para hacer trabajos de emergencia y reparación de instalaciones que sufrieron daños ocasionados por la tormenta tropical Isaías en los condados de Nassau y Suffolk.

Asimismo, se informa que fondos federales están disponibles bajo el concepto de costo compartido para la mitigación de riesgos en todo el estado neoyorquino.

Seamus K. Leary ha sido asignado como el Coordinador Federal a cargo de las operaciones de respuesta y recuperación en el área afectada. Designaciones adicionales podrían hacerse más adelante, si el estado lo requiere y queda evidenciado por los resultados de las evaluaciones preliminares de los daños.

 

 

La tormenta Isaías derribó miles de árboles y líneas eléctricas el 4 de agosto, dejando sin electricidad a más de 420.000 de los 1,1 millones de clientes de PSEG-Long Island en Nassau, Suffolk y Rockaways, algunos durante más de una semana, según reporta LongIslandPress.com .

Muchos no pudieron llamar, enviar mensajes de texto o acceder al sitio web de la empresa de servicios públicos después de la tormenta debido a una falla de comunicación relacionada que provocó indignación en LI.

La interrupción provocó llamadas para el despido del liderazgo de PSEG-LI, exige que la empresa de servicios públicos reembolse a los contribuyentes por alimentos y medicinas en mal estado, lo que hizo tardíamente, y provocó una serie de propuestas legislativas destinadas a garantizar que las empresas de servicios públicos manejen la próxima crisis relacionada con el clima con mayor facilidad.

 

 

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