Grupo de inmigrantes hispanos siendo detenidos por la policía de Tucson, en el estado fronterizo de Arizona. (Foto: EFE/GARY WILLIAMS)
El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a aplicar las nuevas prioridades para realizar arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados, que dan prioridad a la expulsión de criminales, pero pueden verse afectadas por una demanda de varios estados republicanos.
Las nuevas normas establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también dan prioridad a la detención y deportación de quienes hayan cruzado la frontera recientemente de forma indocumentada.
En el anuncio de las nuevas prioridades en septiembre pasado, el titular del DHS, Alejandro Mayorkas, explicó que desde ahora los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no deberán arrestar y deportar a trabajadores agrícolas, ancianos y otras personas que podían ser detenidas y expulsadas bajo las políticas del Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) por el simple hecho de ser indocumentadas.
«La principal cuestión es si un no ciudadano presenta una amenaza a la seguridad pública», explicó Mayorkas en un memorando a los agentes del ICE.
Añadió que los agentes de ICE deberán evitar la detención de inmigrantes que llamen su atención porque hayan denunciado a propietarios de viviendas o empleadores «inescrupulosos», o porque hayan participado en manifestaciones de protesta.
Sin embargo, las nuevas prioridades nuevamente están en la mira de tres estados republicanos que demandaron al Gobierno del presidente Joe Biden para echar abajo estos lineamientos.
El estado de Ohio fue el último en unirse al esfuerzo emprendido por Montana y Arizona en una demanda que argumenta que las «directrices para el cumplimiento de la ley de inmigración civil» del DHS «son irracionales y probablemente exacerben la crisis fronteriza».
Citando el aumento de las incautaciones de fentanilo a lo largo de la frontera sur, la demanda también argumenta que la nueva política «incentivará aun más la actividad ilegal que ya está aumentando en la frontera, llevando el crimen y las drogas a las comunidades» de los estados demandantes.
Esta no es la primera vez que las prioridades de arresto del ICE bajo la Administración Biden se ven impugnadas. La orden de un juez en favor de una demanda de Texas obligó a la Administración demócrata a echar para atrás una medida que suspendía las deportaciones por 100 días.
A comienzos de 2020, el ICE llegó a tener un promedio diario de 40.000 personas detenidas y actualmente tiene poco más de 23.265 bajo su custodia en diferentes centros de detención en todo el país.
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