Activistas celebran fallo judicial a favor de 2.700 niños centroamericanos

 

El Proyecto para la Asistencia Internacional a los Refugiados (IRAP, por sus siglas en inglés) celebró el fallo judicial que obliga al gobierno de Estados Unidos a retomar la tramitación de los permisos migratorios de unos 2.700 niños centroamericanos que habían sido suspendidos.

«Estamos muy contentos con la decisión de la Corte y esperamos que esto permita a nuestros clientes (los niños) reunirse con sus familias (en EE.UU.) en un entorno seguro y escapar así de los peligros que afrontan a diario», indicó la abogada de IRAP Linda Evarts.

El caso se remonta al programa Menores Centroamericanos (CAM), iniciado por el anterior Gobierno de Barack Obama (2009-2017), que permitía a personas viviendo de forma legal en el país y con origen en Honduras, El Salvador y Guatemala solicitar permisos para que sus hijos u otros familiares migrasen al país para reunirse con ellos.

Nada más acceder al poder en enero de 2017, la nueva Administración republicana de Donald Trump dejó de tramitar estas solicitudes y, unos meses después, en agosto de ese mismo año, puso fin al programa, dejando suspendidos alrededor de 2.700 casos que se estaban tramitando en aquel entonces.

Los afectados por estas suspensiones, en su mayoría menores de edad, demandaron al Gobierno en una Corte federal de San Francisco (California), y el 1 de marzo, la jueza que lleva el caso, Laurel Beeler, falló a favor de los demandantes y ordenó que sus solicitudes sean procesadas.

Según IRAP, la mayoría de los afectados por la terminación del programa «llevaban meses o incluso años tramitando sus solicitudes, que ya habían sido aceptadas por los servicios migratorios nacionales a falta de pasar unas últimas pruebas médicas y de seguridad y de que pagasen sus billetes de avión».

Cuando el Gobierno de Trump suspendió la tramitación de sus permisos en enero de 2017, algunos de los menores incluso ya habían comprado billetes de avión para EE.UU., informaron desde IRAP.

En su fallo, la jueza consideró que la decisión gubernamental estaba causando «daños irreparables» a los demandantes al «prolongar la separación entre padres e hijos e impedir que los menores escapasen de situaciones de peligro vital».

Ahora el Gobierno tiene hasta el 21 de marzo para presentar un plan que permita retomar la tramitación de esos 2.700 casos y hacerlo «de buena fe».

Pese a ordenar que se tramiten estos casos que estaban suspendidos, la magistrada no ordenó al Gobierno que vuelva a poner en marcha la totalidad del programa impulsado por Obama, como también pedían los demandantes.

 

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